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La sentencia confirma que el criterio de reparto de cargos de confianza escogido por el Gobierno es plenamente objetivo, transparente y no discriminatorio

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo numero CUATRO de Alicante desestima el recurso de Sandra Obiol de Guanyar y le condena la imposición de las costas procesales en su recurso contra la distribución de los cargos de confianza del Ayuntamiento y ratifica que todo lo que se hizo es completamente objetivo y no arbitrario. Además la sentencia explica que no es obligatorio que los grupos de la oposición tengan cargos de confianza.
02/07/20
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Tras los Plenos del 19 de junio en el que se presentó la composición del Gobierno y su posterior ratificación en el del 6 de junio. La portavoz del Grup Municipal Guanyar, Sandra Obiol, impugnó ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante las resolución relativa a los cargos de confianza de la Corporación Municipal, ya que según denunciaron, entonces y han seguido haciendo hasta la saciedad, “la distribución de recursos entre los grupos de la oposición que ha establecido Toni Francés. Según Obiol es injustificable” calificando esta distribución de “arbitraria y antidemocrática”. La sentencia no solo desestima la impugnación, además argumenta y rebate todas estas afirmaciones de Guanyar, quien también dijo que “habían inventado unos criterios para crear desigualdad”.

La sentencia es muy clara, desestima el recurso y expresa imposición de las costas procesales causadas a la parte actora, es decir, Sandra Obiol. En primer lugar explica, que por mucho que Guanyar diga que todos los grupos de la oposición han de tener cargos de confianza, es el Gobierno Municipal el que debe tener estos cargos y que puede cederlos si lo considera oportuno, pero que en ningún caso es obligatorio, tal como vemos “es la propia Administración Local la que, en el uso de las facultades discrecionales inherentes a la potestad de autoorganización debe decidir cuantos asesores – dentro del limite máximo indicado- precisa el Equipo de Gobierno y el Grupo Municipal que lo apoya para atender a las necesidades de gobierno, y que número de asesores pueden ( o no ) ser cedidos a los grupos de la oposición en aras a facilitar su tarea legítima y constitucional de control de la acción del gobierno. Se trata, por lo tanto de una potestad discrecional, sin que exista instrumento normativo alguno que regule la distribución de este tipo de personal, ni mucho menos, que exija que todos los grupos municipales que conforman el Pleno cuenten con un asesor”.

El portavoz del Grup Muncipal Socialista, Jordi Martínez, afirma que “La sentencia no solo nos ha dado la razón en la objetividad de nuestros criterios, también ha ratificado lo que a Guanyar le parecía un escándalo, y es que los cargos de confianza son para ayudar a gestionar y el Gobierno que es el que gestiona es quien tiene la potestad para otorgar éstos a la oposición, y en este caso se han otorgado tres, sin estar obligados a hacerlo”.

“Me parece perfecto que el titular de la nota de prensa empezara con ‘Guanyar considera que’, pero eso no es una nota de prensa, es un artículo de opinión, porque es un escrito basado en opiniones, en lo que ellos piensan, creen o consideran, como en la mayoría de las que redactan. Guanyar tiene sus propios criterios, pero los que valen no son los suyos, como tampoco valdrían los míos personales, por eso yo siempre me apoyo en los técnicos municipales, a los que ellos suelen despreciar. En este caso es la ley la que determina que nuestros criterios son objetivos y los suyos no”, afirma, Martínez.

Por lo que respecta a los criterios del Gobierno, la propia sentencia, argumenta que son completamente objetivos y rebate las opiniones de Guanyar, “el Ayuntamiento tuvo que elegir un criterio de reparto de los mismos, optando por el criterio “número de votos obtenido”, por ser el más objetivo, más equitativo y más acorde al principio democrático, toda vez que el criterio pretendido por los actores de “número de concejales” no era viable, al existir un cuádruple empate y solo contar con 3 asesores a repartir. Por lo tanto, cabe concluir, que no se advierte arbitrariedad ni desviación de poder en el proceder de la Administración, dado que la misma ha justificado debidamente el criterio de reparto escogido, - plenamente consecuente con el principio democrático-, la objetividad y transparencia del mismo, y su carácter no discriminatorio, circunstancia que necesariamente debe conducir a la desestimación del recurso presentado con la íntegra confirmación de la resolución impugnada, por considerar que la misma es ajustada a Derecho”.

Jordi Martinez destaca que “No soy yo el que dice que Guanyar se equivocó y se equivoca al acusarnos de inventar criterios y de decir que son arbitrarios y antidemocráticos. Ha sido la Justicia la que dice que actuamos de forma completamente correcta y objetiva, por lo tanto y sabiendo que una de las características por las que se define Guanyar es por su humildad, no creo que tarden en emitir una nota pidiendo disculpas por sus graves acusaciones y reconociendo que no estuvieron acertados, aunque supongo que lo que harán es decir que la ley es injusta y que siguen pensando lo mismo”.

“En en un año que llevamos de legislatura creo que todos nos hemos equivocado en alguna ocasión y no pasa nada, hemos pedido disculpas, todos menos Guanyar. Las personas que forman este grupo no se equivocan nunca y si lo hacen es culpa de los demás, especialmente del Gobierno, de todas formas aceptaremos sus disculpas de forma humilde”, concluye el portavoz del Grupo Municipal.


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